Diputados dio media sanción al proyecto que propone cambios en el reglamento. El principio de inocencia y el escándalo de Boudou se mezclaron el en recinto.
El proyecto de ley impulsado por Monge (UCR-Diamante) por el que propone modificar los artículos 145 y 146 de la Ley 5.654 del Reglamento General de Policía, referidos a la retención de haberes de los integrantes de la fuerza que estén bajo proceso judicial. Muestra, como ejemplo, que mientras los agentes policiales sufren una merma en su salario, en tanto atraviesan un proceso, hubo casos como el del intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, que siguió cobrando haberes como presidente municipal y como vicegobernador, pese a estar condenado.
Monge defendió su iniciativa en el recinto y al hacerlo se centró en el principio de inocencia, ya que aseguró que el texto apunta a «reparar una injusta desigualdad en al que se encuentra el policía, respecto del resto de los trabajadores del Estado, es el objetivo de esta propuesta», dijo .
Luego, explicó que «el régimen de la Policía obliga la retención del 50 por ciento de los haberes del agente sometido al proceso judicial. Esto es discriminatorio y reviste niveles de confiscatoriedad. Podemos afirmar que la casi totalidad de los agentes policiales reciben sólo su sueldo, ya que tienen vedada la posibilidad de recibir otro tipo de ingresos. Están en una situación de flagrante injusticia. Se altera de maanera clara la presunción de inocencia y normas del derecho positivo en Argentina», aseguró Monge, abogado de profesión.
Para Monge, el reglamento , tal como está, afecta también » derechos laborales argentinos». Y, afirmó: » La norma viola el principio de igualdad. A otros funcionarios no se les aplica esta retención. Algunos entienden que estas son las especificidades, pero si analizamos las casuistícas de quienes están atrapados en esto como un cabo, automáticamente se le retira el sueldo», dijo y comparó las especificidades y vicisitudes del vicepresidente de la Nación con las de un agente policial.
El oficialismo, a su turno, reclamó que el principio de inocencia se respete también para el vicepresidente Amado Boudou. Y, a su vez, y sin hacer nombres, reprochó que hubo candidatos de la UCR » sin ser impugnados ante la Secretaria Electoral» a pesar de que atravesaban un proceso judicial, dijo Martín Uranga, sin precisar más datos.
“Existen altos funcionarios del estado de Entre Ríos que siguieron en el ejercicio pleno de sus funciones cobrando la totalidad de sus haberes aún después de haber sido procesados e incluso condenados hasta que la sentencia quedara firme. (Por citar un solo caso, verbigracia: Daniel Rossi, presidente municipal de Santa Elena, no obstante ser condenado por delito contra la administración pública, cobró sus haberes hasta que estuvo firme la condena e igualmente siguió cobrando su jubilación como ex vice- gobernador)”, argumentó el legislador.
En el texto, al que accedió Recintonet, Monge planteó que “la retención dispuesta en el artículo 145° del Reglamento General de Policía, en su redacción actual, de la mitad de los haberes al personal policial bajo proceso judicial, constituye sin hesitación alguna, una sanción anticipada que vulnera el principio de inocencia, es discriminatorio respecto de otros funcionarios públicos y resulta claramente confiscatorio, ya que en la casi totalidad de los casos, estos haberes constituyen el único ingreso con que cuentan los funcionarios policiales, para satisfacer las necesidades mínimas indispensables de la familia, dado que los funcionarios policiales tienen vedado – con escasísimas excepciones – realizar otra actividad remunerada”.
En ese sentido, el diputado y ex convencional, remarcó que “quienes se ven sometidos a proceso, se encuentran en una situación de flagrante injusticia, en virtud de que se alteran de manera ilegítima e inconstitucional, no solamente la presunción de inocencia y debido proceso legal –art. 18° de la Constitución Nacional-, sino también el derecho previsto en el artículo 8° segundo párrafo de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 26° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, y “viola el principio de igualdad, ya que ningún otro empleado público de la provincia en el momento de ser procesado, se le realiza un descuento automático”, distingue Monge no sin antes plantear el perjuicio económico y moral que sufre también la familia del policía o la imposibilidad futura de revertir esta situación.(RecintoNet)